CUT y trabajadores de empresas estratégicas recurrirán a instancias superiores de justicia para defender su derecho a huelga

Corte de Apelaciones, Corte Suprema, Tribunal Constitucional y de no prosperar el reclamo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la ruta jurídica que decidieron adoptar para reclamar la resolución  de tres ministerios que establecieron un listado de 102 empresas estratégicas, cuyos trabajadores no podrán ejercer su derecho a huelga. Resolución que a todas luces, carece de fundamentos pero por sobre todo, es inconstitucional pues vulnera un derecho fundamental como lo es el derecho a huelga.

Así, quedó establecido, durante el desarrollo del seminario “El derecho de Huelga en empresas estratégicas: implicancias y efectos para los trabajadores”, organizado por la CUT y realizado este miércoles en el Salón de Conferencias de la Corte Suprema. Cabe recordar que los ministerios de Economía, Fomento y Turismo; Trabajo y Defensa,  establecieron este listado, amparándose en el artículo 362 del Código del Trabajo que determina que “no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”.

En la jornada, participó cerca de un centenar de dirigentes sindicales de empresas sanitarias, eléctricas y del gas. Fue inaugurado por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch y por la presidenta y el secretario General de la CUT,  Bárbara Figueroa y Nolberto Díaz, respectivamente. Entre los panelistas, estuvieron los abogados constitucionalistas, Hernán Bosselin y Pedro Irureta.

“La convocatoria ha sido fantástica (…). Esta es una instancia que ha construido la CUT para todos. Vamos a usar todos los mecanismos que la ley nos da. Vamos a ir a la Corte de Apelaciones, vamos a ir a la Corte Suprema, vamos a ir al Tribunal Constitucional y vamos a reclamar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estamos seguros que este derecho fundamental hay que protegerlo (…). Los sindicatos van a reclamar y van usar estos mecanismos”, dijo Díaz, agregando que “este decreto no cumple las condiciones mínimas que tiene que cumplir cualquier decreto, no cumple los estándares mínimos, por tanto, en su origen ya está malo, pero además estamos convencidos que esto es inconstitucional, porque el derecho a huelga es y va a seguir siendo un derecho fundamental”.

En tanto, Figueroa, señaló que “nos interesa, por sobre todas las cosas, entregar la mayor cantidad de herramientas a los sindicatos y a los dirigentes respectos del camino que hemos decidido asumir en conjunto con las organizaciones que es poder hacer presentaciones ante instancias superiores (…). Este es un debate que entra en contradicción con la ley (…). Por tanto en ese marco, entendemos que hay elementos dentro de la ley que hace, sumamente sostenible y justificable acciones en tribunales”.

Entre los principales argumentos que se esgrimirán en tribunales, Bosselin precisó dos; uno  tiene que ver con la falta de fundamentos de la resolución (decreto) y otro de carácter constitucional: “primero, se trata de un decreto que no está fundado. Adolece de un pecado mortal, porque para calificar debieron haber dado las razones, caso por caso, el por qué la calificaban de esa manera, cuáles eran las características de esas empresas (…). No hacen un estudio para fundar la resolución”. Respecto del “carácter Constitucional, dijo que “en materia de garantías fundamentales, es la ley la que puede regular las garantías constitucionales. Y aquí, en el fondo están regulando la garantía constitucional los ministros de Estado. Y eso no lo pueden hacer, por eso es inconstitucional”.

Dolmestch, consultado por una eventual judicialización de estos temas en el marco de la nueva ley que moderniza las relaciones laborales, dijo que “es muy probable, porque siempre toda reforma tan sustantiva como aquella, trae dificultades, trae orientaciones distintas y es muy probable que las partes puedan estimar que hay algo que haya que decidir y lo decidirá el Poder Judicial”.